Participantes en la rueda de prensa, además de los y las activistas pro-saharauis, representantes de otros colectivos que apoyan la iniciativa de Saharacciones:
Luis Pérez Serichol ( Asamblea por Tenerife)
Julio José Quilez Monclús ( Western Sáhara Resource Watch)
Alberto Negrín Reboso, Vicepresidente de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui
Sara Mesa ( Saharacciones )
Activistas prosaharauis serán multados hasta con 60.000 euros por una protesta
JUEVES, 5 DE ENERO DE 2012
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la Subdelegación del Gobierno inician un proceso sancionador contra las 18 personas que denunciaron desde las aguas del muelle el "expolio" al que empresas canarias someten al pueblo del Sahara Occidental al comprar sus recursos areneros al Gobierno marroquí.
M.G., S/C de Tenerife
Denunciar lo que es, a todas luces, una vulneración del derecho internacional les puede costar muy caro a 18 activistas de la causa saharaui que, el pasado 5 de octubre, se tiraron al agua en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con una pancarta alusiva a la "expoliación" de arena del Sahara Occidental por algunas empresas canarias. La Autoridad Portuaria y la Subdelegación del Gobierno en la provincia han iniciado contra ellos procedimientos sancionadores que podrían suponer el pago de hasta 60.000 euros de multa para cada uno.
Para evitarlo, ayer presentaron alegaciones ante ambas entidades, ya que entienden contradictorio que se les sancione a ellos "en lugar de castigar a las empresas y al barco arenero y señalar que el Gobierno de Marruecos expolia recursos que no le pertenecen", expuso Sara Mesa, del colectivo Saharacciones.
El problema de la arena saharaui es similar al de la pesca en aguas de este territorio ocupado por Marruecos, cuyo gobierno ha ignorado las reiteradas resoluciones internacionales que exigen su descolonización. Precisamente, el Parlamento Europeo rechazó recientemente la prórroga del convenio pesquero entre el país magrebí y la UE, entre otras razones por incluir aguas saharauis.
Según las asociaciones denunciantes -Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, Western Sáhara Resource Watch, Asamblea Por Tenerife y la propia Saharacciones-, la venta de recursos de esta zona (arena, pesca, minerales, entre otros) reporta a Marruecos más de 4.000 millones de euros al año. En cambio, la comunidad internacional solo dona un 0,9% de esta cantidad en concepto de ayuda a los refugiados saharauis.
Tolerar esta situación equivale, en su opinión, a "prolongar la situación de ocupación ilegal y exilio de los saharauis".
Por lo que respecta a la arena, es desembarcada en los puertos de las Islas y utilizada por empresas dedicadas a la explotación de áridos. De hecho, según las cifras que maneja Western Sáhara Resource Watch, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas son las provincias españolas que reciben un mayor volumen de este material procedente de Marruecos.
A juicio de estos colectivos, el proceso sancionador incoado representa "una vergonzosa arbitrariedad" al "criminalizar a quienes, ejerciendo el derecho a la crítica y la libertad de expresión, denuncian un expolio tan devastador para el pueblo saharaui", que además "no ve un dólar" en este negocio.
La actuación contra su protesta se enmarca, a su entender, en "la estrategia general de abuso de poder, por parte de los gobiernos marroquí y español y de empresas multinacionales, que se aprovechan de la indefensión de la población saharaui, que no posee ningún aparato legal que garantice sus derechos".
La futura sanción no ha arredrado a los activistas, que ya preparan nuevas acciones para denunciar la situación que vive el pueblo saharaui. Sara Mesa anunció la próxima celebración, el 21 de enero, de una manifestación en Santa Cruz que partirá de la plaza Weyler. "La población española apoya estas movilizaciones y la causa saharaui", precisó Mesa.
M.G., S/C de Tenerife
Denunciar lo que es, a todas luces, una vulneración del derecho internacional les puede costar muy caro a 18 activistas de la causa saharaui que, el pasado 5 de octubre, se tiraron al agua en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con una pancarta alusiva a la "expoliación" de arena del Sahara Occidental por algunas empresas canarias. La Autoridad Portuaria y la Subdelegación del Gobierno en la provincia han iniciado contra ellos procedimientos sancionadores que podrían suponer el pago de hasta 60.000 euros de multa para cada uno.
Para evitarlo, ayer presentaron alegaciones ante ambas entidades, ya que entienden contradictorio que se les sancione a ellos "en lugar de castigar a las empresas y al barco arenero y señalar que el Gobierno de Marruecos expolia recursos que no le pertenecen", expuso Sara Mesa, del colectivo Saharacciones.
El problema de la arena saharaui es similar al de la pesca en aguas de este territorio ocupado por Marruecos, cuyo gobierno ha ignorado las reiteradas resoluciones internacionales que exigen su descolonización. Precisamente, el Parlamento Europeo rechazó recientemente la prórroga del convenio pesquero entre el país magrebí y la UE, entre otras razones por incluir aguas saharauis.
Según las asociaciones denunciantes -Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, Western Sáhara Resource Watch, Asamblea Por Tenerife y la propia Saharacciones-, la venta de recursos de esta zona (arena, pesca, minerales, entre otros) reporta a Marruecos más de 4.000 millones de euros al año. En cambio, la comunidad internacional solo dona un 0,9% de esta cantidad en concepto de ayuda a los refugiados saharauis.
Tolerar esta situación equivale, en su opinión, a "prolongar la situación de ocupación ilegal y exilio de los saharauis".
Por lo que respecta a la arena, es desembarcada en los puertos de las Islas y utilizada por empresas dedicadas a la explotación de áridos. De hecho, según las cifras que maneja Western Sáhara Resource Watch, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas son las provincias españolas que reciben un mayor volumen de este material procedente de Marruecos.
A juicio de estos colectivos, el proceso sancionador incoado representa "una vergonzosa arbitrariedad" al "criminalizar a quienes, ejerciendo el derecho a la crítica y la libertad de expresión, denuncian un expolio tan devastador para el pueblo saharaui", que además "no ve un dólar" en este negocio.
La actuación contra su protesta se enmarca, a su entender, en "la estrategia general de abuso de poder, por parte de los gobiernos marroquí y español y de empresas multinacionales, que se aprovechan de la indefensión de la población saharaui, que no posee ningún aparato legal que garantice sus derechos".
La futura sanción no ha arredrado a los activistas, que ya preparan nuevas acciones para denunciar la situación que vive el pueblo saharaui. Sara Mesa anunció la próxima celebración, el 21 de enero, de una manifestación en Santa Cruz que partirá de la plaza Weyler. "La población española apoya estas movilizaciones y la causa saharaui", precisó Mesa.
Fuente: Eldia
UPyD reclama medidas contra los «traficantes de arena» del Sahara Occidental
4 de Enero de 2012
Madrid, 3 de enero de 2012—El responsable del área internacional de Unión Progreso y Democracia, Fernando Maura, ha pedido a la Autoridad Portuaria tinerfeña «sensatez y proporcionalidad» ante el proceso sancionador que dicho organismo ha iniciado contra unos activistas prosaharuis, según el cual cada uno de los 18 manifestantes podría llegar a ser multado con 60.000 euros por protestar contra la descarga de arena procedente del Sahara.
«La capacidad de manifestarse pacíficamente es un derecho que nuestra Constitución recoge y garantiza para todos los españoles, no podemos permitir que los beneficios comerciales de Marruecos alteren o influyan descaradamente en el ejercicio de ese derecho», dijo Maura.
«En esa dársena del puerto de Santa Cruz se estaba descargando el botín de un verdadero acto de “tráfico de arena”, perpetrado bajo el sol del Sahara ocupado, con el permiso tácito, entre otros países, de España. Asistimos al doble ultraje contra el Pueblo Saharaui, puesto que Marruecos no solo ocupa el territorio del Sahara Occidental, sino que también lo vende por toneladas para hacer playas en otros países, como España o Madeira. Apliquemos las medidas previstas en la legalidad internacional para que esto no se repita».
En su declaración, Maura insistió en que el nuevo ejecutivo español deberá adoptar pronto una postura «contundente y sin ambigüedades» con respecto a la explotación ilegal que Marruecos hace de los recursos naturales del Sahara Occidental, «ocupado a la fuerza desde hace más de 35 años».
Finalmente, el dirigente de UPyD reclamó al nuevo Ministro de Exteriores español, García Margallo, que «no tarde en poner todos los medios diplomáticos y políticos a su alcance para recuperar el prestigio y la posición que España ha perdido con respecto a Marruecos, como consecuencia de la actitud pusilánime y temerosa de gobiernos anteriores».
«La capacidad de manifestarse pacíficamente es un derecho que nuestra Constitución recoge y garantiza para todos los españoles, no podemos permitir que los beneficios comerciales de Marruecos alteren o influyan descaradamente en el ejercicio de ese derecho», dijo Maura.
«En esa dársena del puerto de Santa Cruz se estaba descargando el botín de un verdadero acto de “tráfico de arena”, perpetrado bajo el sol del Sahara ocupado, con el permiso tácito, entre otros países, de España. Asistimos al doble ultraje contra el Pueblo Saharaui, puesto que Marruecos no solo ocupa el territorio del Sahara Occidental, sino que también lo vende por toneladas para hacer playas en otros países, como España o Madeira. Apliquemos las medidas previstas en la legalidad internacional para que esto no se repita».
En su declaración, Maura insistió en que el nuevo ejecutivo español deberá adoptar pronto una postura «contundente y sin ambigüedades» con respecto a la explotación ilegal que Marruecos hace de los recursos naturales del Sahara Occidental, «ocupado a la fuerza desde hace más de 35 años».
Finalmente, el dirigente de UPyD reclamó al nuevo Ministro de Exteriores español, García Margallo, que «no tarde en poner todos los medios diplomáticos y políticos a su alcance para recuperar el prestigio y la posición que España ha perdido con respecto a Marruecos, como consecuencia de la actitud pusilánime y temerosa de gobiernos anteriores».
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Contacto:
Antonio de Torre (630078358)
Resp. Prensa Internacional UPyD
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