MANIFIESTO CONTRA LOS ABUSOS DE PODER
El 5 de Octubre de 2011, a las 5 de la tarde, 18 activistas prosaharauis nos tiramos al agua de la dársena pesquera y a lo largo de más de 2 horas nos mantuvimos en las proximidades del buque arenero DURA BULK, portando una pancarta de más de 15 metros en la que se podía leer “Stop al robo de arena saharaui” y numerosas banderas de la República Árabe Saharaui Democrática que reivindicaban un Sáhara Libre.
Con esta nueva acción, Saharacciones denuncia, en sintonía con las incesantes protestas de la población saharaui que se producen en los territorios ocupados, el expolio de recursos naturales del Sáhara Occidental que lleva a cabo el ocupante marroquí y que ha sido siempre el motivo principal que se esconde detrás de su ilegal ocupación.
Hoy nos encontramos ante la sede de la Autoridad Portuaria, responsable de las instalaciones portuarias donde la empresa Proyecto Dover S.L descarga cientos de miles de toneladas de arena robada al pueblo saharaui y que una vez denunciada, tanto en los medios de comunicación, como a pie de barco, no solo no ha abierto diligencias por el expolio al pueblo saharaui cometido en sus instalaciones, sino que ha iniciado procedimiento sancionador contra las personas que evidenciamos y señalamos la ilegalidad de esa actividad; con una posible multa de hasta 60.000 euros cada una.
Son muchas las empresas que después de haber firmado contratos con el gobierno marroquí han abandonado sus actividades en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, incluso el propio Parlamento Europeo ha decidido recientemente no renovar la prórroga del tratado de pesca y está replanteando la negociación del nuevo tratado excluyendo las aguas del Sáhara Occidental.
Sin embargo, nunca se había criminalizado a quien ejerciendo el derecho a la crítica y a la libertad de expresión, de forma pacífica denunciara un expolio tan devastador para el pueblo saharaui que no ve un dólar, de los más de 4.000 millones que se embolsa anualmente el gobierno marroquí en la venta de recursos naturales saharauis. Mientras que la comunidad internacional apenas dona un 0.9 % de esa cantidad (unos 35 millones de dólares) a la ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados saharauis.
Por eso, las personas presentes hoy aquí, no solo queremos denunciar la vergonzosa arbitrariedad que está cometiendo la Autoridad Portuaria con el inicio de procedimientos sancionadores a las personas que han señalado con el dedo, denunciando a los grandes peces gordos responsables de robos multimillonarios, a los que no se persigue, denuncia, ni condena…sino que además resaltamos que estos arbitrarios procesos sancionadores no son más que un producto de la estrategia general de abuso de poder, por parte de los gobiernos marroquí, español y multinacionales, que se aprovechan de la indefensión de la población saharaui que no posee ningún aparato legal que garantice sus derechos; entre ellos aquel que proclama que:
Ningún estado tiene derecho a promover o potenciar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza.
Como sabemos que consentir el expolio de los recursos naturales en el Sáhara Occidental es prolongar la situación de ocupación ilegal y el exilio de los saharauis, y contribuir a la violación de los Derechos Humanos en los territorios ocupados, y dada la falta de responsabilidad de nuestro gobierno y empresas privadas Canarias, continuaremos con una larga campaña de información y denuncias, que comenzarán con la próxima manifestación convocada para el 21 de enero a las 12.00 en la Plaza Weyler.
Con esta nueva acción, Saharacciones denuncia, en sintonía con las incesantes protestas de la población saharaui que se producen en los territorios ocupados, el expolio de recursos naturales del Sáhara Occidental que lleva a cabo el ocupante marroquí y que ha sido siempre el motivo principal que se esconde detrás de su ilegal ocupación.
Hoy nos encontramos ante la sede de la Autoridad Portuaria, responsable de las instalaciones portuarias donde la empresa Proyecto Dover S.L descarga cientos de miles de toneladas de arena robada al pueblo saharaui y que una vez denunciada, tanto en los medios de comunicación, como a pie de barco, no solo no ha abierto diligencias por el expolio al pueblo saharaui cometido en sus instalaciones, sino que ha iniciado procedimiento sancionador contra las personas que evidenciamos y señalamos la ilegalidad de esa actividad; con una posible multa de hasta 60.000 euros cada una.
Son muchas las empresas que después de haber firmado contratos con el gobierno marroquí han abandonado sus actividades en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, incluso el propio Parlamento Europeo ha decidido recientemente no renovar la prórroga del tratado de pesca y está replanteando la negociación del nuevo tratado excluyendo las aguas del Sáhara Occidental.
Sin embargo, nunca se había criminalizado a quien ejerciendo el derecho a la crítica y a la libertad de expresión, de forma pacífica denunciara un expolio tan devastador para el pueblo saharaui que no ve un dólar, de los más de 4.000 millones que se embolsa anualmente el gobierno marroquí en la venta de recursos naturales saharauis. Mientras que la comunidad internacional apenas dona un 0.9 % de esa cantidad (unos 35 millones de dólares) a la ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados saharauis.
Por eso, las personas presentes hoy aquí, no solo queremos denunciar la vergonzosa arbitrariedad que está cometiendo la Autoridad Portuaria con el inicio de procedimientos sancionadores a las personas que han señalado con el dedo, denunciando a los grandes peces gordos responsables de robos multimillonarios, a los que no se persigue, denuncia, ni condena…sino que además resaltamos que estos arbitrarios procesos sancionadores no son más que un producto de la estrategia general de abuso de poder, por parte de los gobiernos marroquí, español y multinacionales, que se aprovechan de la indefensión de la población saharaui que no posee ningún aparato legal que garantice sus derechos; entre ellos aquel que proclama que:
Ningún estado tiene derecho a promover o potenciar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza.
Como sabemos que consentir el expolio de los recursos naturales en el Sáhara Occidental es prolongar la situación de ocupación ilegal y el exilio de los saharauis, y contribuir a la violación de los Derechos Humanos en los territorios ocupados, y dada la falta de responsabilidad de nuestro gobierno y empresas privadas Canarias, continuaremos con una larga campaña de información y denuncias, que comenzarán con la próxima manifestación convocada para el 21 de enero a las 12.00 en la Plaza Weyler.
SÁHARA LIBREE!!
EN SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE SAHARA ACCIONES
REPRESALIADOS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
REPRESALIADOS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Asamblea por Tenerife ha mantenido desde su creación y aún hoy mantiene, si cabe con mayor fuerza y determinación, su apoyo y solidaridad con la justa lucha del pueblo saharaui por su emancipación. Hemos denunciado y combatido al dictatorial régimen marroquí, que no duda en utilizar la violencia más salvaje para mantener sojuzgado a todo un pueblo… Pero si Marruecos es culpable, España y otros países llamados civilizados y democráticos son responsables de que esta situación injusta e inhumana se esté eternizando.
La apertura del expediente incoado por la Autoridad Portuaria, que amenaza con imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de los activistas que participaron en la acción del 5 de octubre junto al barco arenero que especula con unos recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo saharaui, nos parece un ejercicio de cinismo político. Por ello queremos mostrar nuestro apoyo a los activistas de Saharaacciones represaliados por denunciar el expolio sistemático de los recursos del Sahara Occidental
La resolución 63/102 de la Asamblea General de la ONU, de diciembre de 2008, señala que es el Pueblo Saharaui quien tiene el derecho de gestionar y explotar sus recursos naturales.
La apertura del expediente incoado por la Autoridad Portuaria, que amenaza con imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de los activistas que participaron en la acción del 5 de octubre junto al barco arenero que especula con unos recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo saharaui, nos parece un ejercicio de cinismo político. Por ello queremos mostrar nuestro apoyo a los activistas de Saharaacciones represaliados por denunciar el expolio sistemático de los recursos del Sahara Occidental
La resolución 63/102 de la Asamblea General de la ONU, de diciembre de 2008, señala que es el Pueblo Saharaui quien tiene el derecho de gestionar y explotar sus recursos naturales.
Es democráticamente inadmisible que se pretenda sancionar a quienes denuncian una flagrante ilegalidad mientras se hace la vista gorda a la descarga de la arena saharaui robada en las dársenas del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Los responsables de la Autoridad Portuaria se convierten así, en nuestra opinión, en cómplices necesarios de la vulneración de una resolución internacional dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Asamblea por Tenerife considera que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no está legitimada moralmente para sancionar a nadie, más bien todo lo contrario, Pedro Rodríguez Zaragoza y toda su dirección son los que deberían responder ante la sociedad tinerfeña por permitir y promover la destrucción de nuestra biodiversidad en uno de los ecosistemas más sensibles y escasos, y el consiguiente pelotazo con dinero público que significa la construcción del Puerto de Granadilla para lo que, encima, pretenden utilizar la arena robada al pueblo saharaui.
Desde Asamblea por Tenerife hacemos un llamamiento para que sigamos apoyando activamente la abnegada lucha del pueblo saharaui y llamamos a todas las organizaciones y personas que defienden la libertad e independencia de los saharauis o que, simplemente, defienden el necesario respeto al derecho internacional como norma de entendimiento entre los pueblos, a participar en la manifestación que para denunciar estos hechos, tendrá lugar en Santa Cruz el próximo 21 de Enero.
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