EL PASADO 14 de diciembre, el Parlamento Europeo adoptó por mayoría la decisión de poner fin a la prórroga del acuerdo de pesca que mantenía con Marruecos. Entre otras consideraciones lo hacía porque Marruecos no había logrado acreditar que la población saharaui se beneficiara de este tratado, algo obligatorio desde el punto de vista del derecho internacional, al incluir las aguas del Sáhara Occidental, que está aún pendiente de descolonización, como reconocen las Naciones Unidas.
Este acuerdo del Parlamento Europeo se logró después de que, en muchas otras ocasiones, las presiones directas de Marruecos y de sus valedores ante la Unión Europea, España y Francia, hubiesen impedido que se exigiera el fin de las torturas, encarcelamientos arbitrarios y desapariciones de activistas por los derechos humanos saharauis, o la investigación del brutal desmantelamiento, hace un año, del campamento Gdeim Izik, hecho en el que, además de ciudadanos saharauis, fueron asesinados ciudadanos con nacionalidad española, y por lo tanto de la Unión Europea.
Es de justicia felicitar a los eurodiputados que han apoyado el fin de la prórroga del acuerdo pesquero, y especialmente a quienes, como Raúl Romeva i Rueda y Willy Meyer, han trabajado incansablemente, y lo siguen haciendo, arriesgando su propia seguridad, en defensa de la causa del pueblo saharaui.
Igualmente es imprescindible señalar que todos los eurodiputados y eurodiputadas presentes de los partidos PSOE y PP votaron a favor de que Marruecos siguiese administrando como suyas unas aguas que no le pertenecen, que ocupa, en contra de todas las resoluciones de las Naciones Unidas, de dictámenes jurídicos del Parlamento Europeo y de lo decidido por el Tribunal de La Haya.
Estos eurodiputados emitieron su voto sabiendo que Marruecos, para continuar su ocupación del Sáhara Occidental, practica una política de sistemática represión de la población saharaui, de torturas y desapariciones, imponiendo un bloqueo informativo total y negando el acceso de observadores internacionales que puedan acreditar la situación en esos territorios ilegalmente ocupados.
En los días previos a la votación estos europarlamentarios tuvieron la oportunidad de oírlo directamente de los labios de la delegación de activistas saharauis de los Territorios Ocupados que visitaron el Parlamento Europeo.
Entre esos eurodiputados que ignoran el amplísimo respaldo a los derechos del pueblo saharaui entre la población canaria, incluyendo sus votantes y muchos de los militantes de ambos partidos, están Gabriel Matos, del Partido Popular, y Juan Fernando López Aguilar, del PSOE.
Estos eurodiputados dicen defender los intereses de los pescadores canarios -deberán de referirse a las escasas empresas que faenan en los caladeros saharauis- cuando lo que han hecho con su voto es pretender prorrogar una situación de entrega de la población saharaui al reino de Marruecos, lo que impide encontrar una solución justa y duradera a la situación del Sáhara Occidental.
Esa solución no es otra que la autodeterminación del pueblo saharaui, tal y como ha reconocido la ONU. Todo eurodiputado debería estar comprometido con la defensa del derecho internacional, aunque suene a perogrullada.
Solo cuando en nuestra área geográfica se respete el derecho internacional por parte de Marruecos se conseguirán las condiciones de estabilidad que nuestras Islas necesitan para un desarrollo seguro. Y será en ese contexto de respeto en el que se podrá llegar a un acuerdo para la explotación de las pesquerías saharauis con sus legítimos dueños, los saharauis, quienes han manifestado en infinidad de ocasiones que, una vez conseguida la independencia, priorizarán los acuerdos con los pescadores canarios, en correspondencia a la solidaridad histórica del pueblo canario con el pueblo saharaui.
La ciega política de mirar a otro lado pretendiendo hacer pasar por democracia un régimen brutal como el que padece Marruecos y, asimismo, consolidar como un hecho consumado la ocupación del Sáhara Occidental no genera más que inestabilidad, sufrimientos para el pueblo saharaui e incertidumbre sobre el futuro de Canarias.
Son igualmente condenables las declaraciones del Gobierno de Canarias, que pretende olvidar el meollo del asunto, pues, además de los problemas de sobreexplotación pesquera que denuncia el Parlamento Europeo, y que son graves, la clave está en que Marruecos no puede incluir entre sus aguas las que no le pertenecen, las del Sáhara Occidental, por lo que una renegociación del acuerdo no resuelve el problema que se les ha creado a los pescadores que se envían a trabajar en aguas robadas. Para los pescadores afectados hay que exigir alternativas dentro de la ley, que se les compense mientras se encuentran otros caladeros o que se les ayude a desarrollar otras actividades usando para ello el dinero que hasta ahora se le ha regalado al corrupto régimen marroquí.
El sátrapa de Rabat, el rey Mohamed VI, y su camarilla, conocida como El Majzem, acostumbrados a desarrollar una política de chantaje permanente, pueden iniciar una peligrosa fuga hacia adelante que puede ser peligrosa para Canarias. Ese personaje tiene la fuerza que le reconocen las potencias como Estados Unidos y Francia. ¿Permitirá el nuevo Gobierno español que sea Marruecos quien le marque la agenda? ¿Entre las señas de identidad de la política internacional del gobierno de Mariano Rajoy estará el apoyo a la legalidad internacional y el cumplimiento de las obligaciones de España con la autodeterminación del Sáhara? ¿Comprenderá Paulino Rivero que el interés de nuestras Islas es que se cumpla la legalidad internacional en la cuestión del Sáhara para que Canarias tenga un horizonte de estabilidad?
Todas estas preguntas han sido respondidas hace tiempo por el pueblo canario con su amplio respaldo a la causa de la justicia, la paz y la libertad para el Sáhara Occidental. Ahora hay que exigir que los gobernantes estén a su altura.
LOLY PADRÓN Y ANSELMO FARIÑA,
Miembros de la Plataforma de Apoyo al Pueblo Saharaui de Tenerife
Este acuerdo del Parlamento Europeo se logró después de que, en muchas otras ocasiones, las presiones directas de Marruecos y de sus valedores ante la Unión Europea, España y Francia, hubiesen impedido que se exigiera el fin de las torturas, encarcelamientos arbitrarios y desapariciones de activistas por los derechos humanos saharauis, o la investigación del brutal desmantelamiento, hace un año, del campamento Gdeim Izik, hecho en el que, además de ciudadanos saharauis, fueron asesinados ciudadanos con nacionalidad española, y por lo tanto de la Unión Europea.
Es de justicia felicitar a los eurodiputados que han apoyado el fin de la prórroga del acuerdo pesquero, y especialmente a quienes, como Raúl Romeva i Rueda y Willy Meyer, han trabajado incansablemente, y lo siguen haciendo, arriesgando su propia seguridad, en defensa de la causa del pueblo saharaui.
Igualmente es imprescindible señalar que todos los eurodiputados y eurodiputadas presentes de los partidos PSOE y PP votaron a favor de que Marruecos siguiese administrando como suyas unas aguas que no le pertenecen, que ocupa, en contra de todas las resoluciones de las Naciones Unidas, de dictámenes jurídicos del Parlamento Europeo y de lo decidido por el Tribunal de La Haya.
Estos eurodiputados emitieron su voto sabiendo que Marruecos, para continuar su ocupación del Sáhara Occidental, practica una política de sistemática represión de la población saharaui, de torturas y desapariciones, imponiendo un bloqueo informativo total y negando el acceso de observadores internacionales que puedan acreditar la situación en esos territorios ilegalmente ocupados.
En los días previos a la votación estos europarlamentarios tuvieron la oportunidad de oírlo directamente de los labios de la delegación de activistas saharauis de los Territorios Ocupados que visitaron el Parlamento Europeo.
Entre esos eurodiputados que ignoran el amplísimo respaldo a los derechos del pueblo saharaui entre la población canaria, incluyendo sus votantes y muchos de los militantes de ambos partidos, están Gabriel Matos, del Partido Popular, y Juan Fernando López Aguilar, del PSOE.
Estos eurodiputados dicen defender los intereses de los pescadores canarios -deberán de referirse a las escasas empresas que faenan en los caladeros saharauis- cuando lo que han hecho con su voto es pretender prorrogar una situación de entrega de la población saharaui al reino de Marruecos, lo que impide encontrar una solución justa y duradera a la situación del Sáhara Occidental.
Esa solución no es otra que la autodeterminación del pueblo saharaui, tal y como ha reconocido la ONU. Todo eurodiputado debería estar comprometido con la defensa del derecho internacional, aunque suene a perogrullada.
Solo cuando en nuestra área geográfica se respete el derecho internacional por parte de Marruecos se conseguirán las condiciones de estabilidad que nuestras Islas necesitan para un desarrollo seguro. Y será en ese contexto de respeto en el que se podrá llegar a un acuerdo para la explotación de las pesquerías saharauis con sus legítimos dueños, los saharauis, quienes han manifestado en infinidad de ocasiones que, una vez conseguida la independencia, priorizarán los acuerdos con los pescadores canarios, en correspondencia a la solidaridad histórica del pueblo canario con el pueblo saharaui.
La ciega política de mirar a otro lado pretendiendo hacer pasar por democracia un régimen brutal como el que padece Marruecos y, asimismo, consolidar como un hecho consumado la ocupación del Sáhara Occidental no genera más que inestabilidad, sufrimientos para el pueblo saharaui e incertidumbre sobre el futuro de Canarias.
Son igualmente condenables las declaraciones del Gobierno de Canarias, que pretende olvidar el meollo del asunto, pues, además de los problemas de sobreexplotación pesquera que denuncia el Parlamento Europeo, y que son graves, la clave está en que Marruecos no puede incluir entre sus aguas las que no le pertenecen, las del Sáhara Occidental, por lo que una renegociación del acuerdo no resuelve el problema que se les ha creado a los pescadores que se envían a trabajar en aguas robadas. Para los pescadores afectados hay que exigir alternativas dentro de la ley, que se les compense mientras se encuentran otros caladeros o que se les ayude a desarrollar otras actividades usando para ello el dinero que hasta ahora se le ha regalado al corrupto régimen marroquí.
El sátrapa de Rabat, el rey Mohamed VI, y su camarilla, conocida como El Majzem, acostumbrados a desarrollar una política de chantaje permanente, pueden iniciar una peligrosa fuga hacia adelante que puede ser peligrosa para Canarias. Ese personaje tiene la fuerza que le reconocen las potencias como Estados Unidos y Francia. ¿Permitirá el nuevo Gobierno español que sea Marruecos quien le marque la agenda? ¿Entre las señas de identidad de la política internacional del gobierno de Mariano Rajoy estará el apoyo a la legalidad internacional y el cumplimiento de las obligaciones de España con la autodeterminación del Sáhara? ¿Comprenderá Paulino Rivero que el interés de nuestras Islas es que se cumpla la legalidad internacional en la cuestión del Sáhara para que Canarias tenga un horizonte de estabilidad?
Todas estas preguntas han sido respondidas hace tiempo por el pueblo canario con su amplio respaldo a la causa de la justicia, la paz y la libertad para el Sáhara Occidental. Ahora hay que exigir que los gobernantes estén a su altura.
LOLY PADRÓN Y ANSELMO FARIÑA,
Miembros de la Plataforma de Apoyo al Pueblo Saharaui de Tenerife
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario