El 22 de septiembre de 1978 eran aprobados por las Cortes Españolas el texto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y el texto del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967.
Pocos meses después se celebraba un referéndum en España en el que resultaba aprobada la actualmente vigente constitución. Esta establece en su artículo 96.1 que “Los tratados internacionales validamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formaran parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional “.
Este encadenamiento de hechos lleva a que nuestro ordenamiento jurídico considere que, tal y como se establece en el Artículo 33 de la citada Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que regula la prohibición de expulsión y de devolución (“refoulement” en lenguaje diplomático), “Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.
Sin embargo el gobierno de Zapatero está dispuesto a que nuestro ordenamiento jurídico sea violado con tal de satisfacer a Mohamed VI. No es otra la conclusión que se puede sacar del comportamiento de ese gobierno ante la solicitud de asilo por parte de veintidós jóvenes saharauis que llegaron a Fuerteventura huyendo de la barbarie del amigo de nuestro gobierno, el sátrapa Mohamed VI.
En primer lugar han hecho caso omiso de los numerosos informes de organismos humanitarios y de familiares de los solicitantes de asilo, que confirman el peligro real que para la integridad física y moral de esas personas supondría su entrega al ocupante marroquí.
En segundo lugar han querido obviar el genocidio sistemático que se desarrolla en el Sáhara Occidental contra los saharauis, por el solo hecho de serlo y de exigir el derecho político que se deriva de esa condición: El derecho a la Autodeterminación. Así, en una de las múltiples intervenciones cargadas de cinismo que caracterizan a Zapatero en sus referencias al Sáhara Occidental, afirmaba el pasado miércoles en la sesión de control en el Parlamento español que “no bastaba ser saharaui para tener derecho a asilo político”. Una vez más pretende que nos olvidemos de las obligaciones que tiene España, como potencia administradora del Sáhara pendiente de descolonización, de velar por la integridad física y el respeto a los derechos humanos de la población saharaui.
En tercer lugar pretendieron proceder a una expulsión exprés antes de que se hubiese producido un pronunciamiento de las instancias judiciales ante las que habían reclamado los saharauis contra la inicial resolución administrativa que les negaba el derecho a que fuese, siquiera estudiada, su solicitud de asilo. La rápida actuación de los tribunales impidió semejante barbaridad.
Hoy continúan reteniendo en condiciones de falta de respeto a los derechos humanos, en un centro de internamiento para extranjeros inmigrantes, a dieciséis jóvenes cuyo único delito es haber participado junto a su pueblo en una protesta pacífica contra la ocupación de su país por una potencia extranjera, contra el expolio de sus recursos naturales y contra las terribles condiciones económicas y sociales en las que se les obliga a sobrevivir.
En cualquier momento el gobierno español puede intentar aprovechar el menor resquicio para expulsar sin garantías a estos jóvenes, con al única finalidad de negar lo que cada vez es más evidente: Marruecos ocupa ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental, y en Marruecos hay un régimen dictatorial que, más temprano que tarde será barrido por el propio pueblo marroquí, aún cuando las llamadas “potencias democráticas occidentales” se nieguen a aceptar lo que es evidente.
La dictadura expansionista marroquí está suponiendo un peligro no sólo para el pueblo saharaui que sufre la ocupación de su país y la sistemática violación de los derechos humanos, no sólo para el propio pueblo marroquí que es obligado a subsistir en terribles condiciones de miseria y sin que se le reconozcan los derechos humanos, sino que también contamina, contagia peligrosamente, a los países limítrofes, como España en la que el comportamiento del gobierno se desarrolla cada vez más bordeando las propias leyes españolas, y en primer lugar la Constitución, y los convenios internacionales que le vinculan.
El gobierno español se hunde en la ignominia de su traición a los tratados internacionales y a sus propias leyes. Los pueblos del Estado Español no lo pueden seguir por ese camino. Exigir el respeto al derecho al asilo a los perseguidos saharauis es exigir que en el Estado Español se restablezca el imperio de la Ley, que no seamos arrastrados por los intereses que llevan a Zapatero y sus ministros a apoyar al sanguinario rey de Marruecos.
La reparación a los sufrimientos que durante treinta y cinco años se le han infligido al pueblo saharaui exige que nos mantengamos alerta. La deportación de los saharauis solicitantes de asilo político es también nuestro alejamiento de un Estado de Derecho, de un régimen de libertades.
PLATAFORMA CANARIA DE APOYO AL PUEBLO SAHARAUI
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