Finalmente cayeron. Así comienza un artículo firmado por M. Autero y A. Herrero en el periódico La Opinión de Tenerife en el que supuestamente informan sobre una operación policial que acabó con la detención de cinco jóvenes el pasado jueves en Tenerife. El libelo continua con una caracterización de los detenidos que bien pudiera haber salido de las sentinas periodísticas que acompañaron a la represión franquista. Sin embargo, ni una palabra de la brutalidad con la que se llevó a cabo aquella “operación policial”.
EL ORIGEN DE LA DENUNCIA. Al finalizar la multitudinaria manifestación contra las prospecciones petrolíferas del pasado 7 de junio, se produjo un altercado en las cercanías del muelle donde están amarradas las plataformas para la extracción de crudo. En el mismo se vio involucrada una fotoperiodista a la que un grupo de manifestantes increparon y acusaron de ser una infiltrada de la policía, le recriminaron que fotografiara las caras de las personas que estaban protestando y al parecer se produjo el lanzamiento de algunos objetos. Tras la tensa discusión, en la que se produjo la rotura de parte de su equipo de trabajo, la fotógrafa debió ser atendida en el centro de salud de la Casa del Mar por una crisis de ansiedad. Finalmente, acompañada por su esposo presentó la correspondiente denuncia que ha dado lugar a la actuación policial -“Operación Carrete”- que ha sido tan bien acogida y celebrada por los periodistas de La Opinión.
INFORMACIÓN AMAÑADA. Desde el primer momento, los acusados de protagonizar el incidente -y así se refleja en el video que circula por la red- fueron los hermanos César y Roberto Mesa, a los que los periodistas les dedican, sobre todo a Roberto, una breve biografía donde destacan que es un “viejo conocido” de la policía por los “continuos problemas” que les ocasiona cada vez que viaja a Marruecos (sic), como si fuera un personaje nada recomendable, que vive de algarada en algarada sin respetar a nada ni a nadie. No podemos tildar a los firmantes del artículos de La Opinión de lerdos o ignorantes, pero si de falsear la información, de no contrastar esa información interesada que les proporcionan las fuerzas policiales; ni siquiera han acudido a la maniquea equidistancia periodística de las fuentes tan en boga últimamente (La policía dice Vs Los acusados afirman). Si lo hubieran hecho tendrían que haber publicado que si por algo se conoce a los hermanos Mesa es por su gran corazón y enorme concepto del compromiso y solidaridad con todas las personas que sufren, empezando por su decidido apoyo a la lucha del pueblo saharaui contra la ocupación ilegal marroquí del Sahara Occidental, pasando por su apoyo a las personas que sufren el azote de los desahucios o los recortes en sanidad, organizándose para combatir las constantes agresiones al medio ambiente o apoyando la lucha de los pensionistas… Eso sí, sin ser unos timoratos frente a algunas actuaciones policiales ni ante las injustas decisiones judiciales que les han impuesto.
LA OPERACIÓN CARRETE. Unos veinte días después de los sucesos denunciados, la policía decide que ya es hora de actuar. Al alba ponen en marcha un enorme dispositivo para poner ante la justicia a estos “peligrosos delincuentes”: policías de paisano embozados en pasamontañas y con pistola al cinto interceptan el coche donde Roberto Mesa que acompañaba a su madre hasta su trabajo, cuatro policías se bajan apresuradamente de su coche camuflado y se lo llevan detenido; a su hermano César, sorprendido mientras dormía, por poco no le dejan ni asearse y a Jeffrey García le engañan avisándole de que le roban el coche para una vez en la calle detenerlo… Ayoze Marichal, Jeffrey García, Pedro Delgado, César Mesa y Roberto Mesa permanecieron hasta pasadas las 18,30 horas en dependencias policiales. Finalmente, no fueron interrogados ni, incomprensiblemente, llevados ante ningún Juez, quedando en libertad con cargos como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos, daños y coacciones. Pero ¿Por qué el juez no los citó sin más para tomarles declaración? ¿La policía actuó bajo el paraguas del juzgado o fue de por libre? ¿Era necesario tal despliegue de medios, tanto gasto de dinero público -más de una veintena de policías, coches patrullas y camuflados-? ¿Por qué infligir tanto sufrimiento a sus familiares y a ellos mismo? En definitiva ¿Era necesario desplegar esta tortura de baja intensidad?... A todas luces parece excesivo, sólo el constante intento de las fuerzas policiales de criminalizar a los movimientos sociales, de querer convertir a pacíficos activistas en mediáticos grupúsculos violentos justifican este tipo de actuaciones jurídico-policiales.
¿UN MARIDO CORAJE? NO, UN PERIODISTA DE PACOTILLA. Se puede entender la reacción del marido de la fotógrafa, la rabia que le ha movido y sus ansias, no de hacer justicia, pero sí de que los que considera culpables de una agresión a su esposa sean sancionados, lo que no se puede entender ni permitir es que colabore miserablemente a la criminalización de los movimientos sociales. Y esto es lo que ha estado haciendo el periodista M. Autero, esposo de la fotógrafa y autor del articulo Detenidos los cinco agresores de una fotorreportera a la que coaccionaron, aparecido en La Opinión el pasado 28 de junio: http://www.laopinion.es/sucesos/2014/06/28/detenidos-cinco-agresores-fotorreportera/550038.html?utm_source=rss
El artículo, que rezuma odio y venganza, es una recopilación atropellada, solo hay que ver los epítetos que utiliza y los conceptos que maneja, de lo que alegan las fuentes policiales sin contrastarlas siquiera ¿quizás piense que con ello favorece sus ansias de venganza? Es muy posible. Sin embargo, creo que va más allá y, desde su púlpito en Prensa Ibérica, colabora entusiásticamente en la campaña de desprestigio y criminalización de los colectivos más organizados que están dando la batalla a la crisis con la que victimizan a las clases populares y asalariadas que ha reimpulsado Jorge Díaz, el ultramontano Ministro del Interior español.
Es cierto que, desde el día siguiente de los hechos, personas cercanas a los detenidos intentaron que su esposa retirara la denuncia sin resultado positivo, usted ya sabía a que agarrarse, pero esas personas, lejos de ser “canales de apoyo de estos violentos” como los ha definido el autor del artículo, son ciudadanos y ciudadanas que desde la militancia pacífica luchan por una sociedad mejor. Otra cosa es que usted, su esposa y el periódico donde trabaja se hayan apuntado al carro de falsear la realidad y colaborar descaradamente en la construcción de un inexistente escenario de violencia que haga más fácil la acción represora que vienen sufriendo todos los colectivos y muy especialmente el CSO Taucho del que pende, como dice el artículo, una injusta orden de desahucio por orden de la Seguridad Social.
Seguiremos gritando “Si nos tocan a unx nos tocan a todxs” y seguiremos luchando contra las injusticias a pesar de conocer la existencia de personas que como los autores de este artículo y la empresa que les contrata no cejarán en su empeño de sembrar dudas, de falsear la realidad cuando no de construirla al dictado de los poderosos y no de los pueblos.
EL ORIGEN DE LA DENUNCIA. Al finalizar la multitudinaria manifestación contra las prospecciones petrolíferas del pasado 7 de junio, se produjo un altercado en las cercanías del muelle donde están amarradas las plataformas para la extracción de crudo. En el mismo se vio involucrada una fotoperiodista a la que un grupo de manifestantes increparon y acusaron de ser una infiltrada de la policía, le recriminaron que fotografiara las caras de las personas que estaban protestando y al parecer se produjo el lanzamiento de algunos objetos. Tras la tensa discusión, en la que se produjo la rotura de parte de su equipo de trabajo, la fotógrafa debió ser atendida en el centro de salud de la Casa del Mar por una crisis de ansiedad. Finalmente, acompañada por su esposo presentó la correspondiente denuncia que ha dado lugar a la actuación policial -“Operación Carrete”- que ha sido tan bien acogida y celebrada por los periodistas de La Opinión.
INFORMACIÓN AMAÑADA. Desde el primer momento, los acusados de protagonizar el incidente -y así se refleja en el video que circula por la red- fueron los hermanos César y Roberto Mesa, a los que los periodistas les dedican, sobre todo a Roberto, una breve biografía donde destacan que es un “viejo conocido” de la policía por los “continuos problemas” que les ocasiona cada vez que viaja a Marruecos (sic), como si fuera un personaje nada recomendable, que vive de algarada en algarada sin respetar a nada ni a nadie. No podemos tildar a los firmantes del artículos de La Opinión de lerdos o ignorantes, pero si de falsear la información, de no contrastar esa información interesada que les proporcionan las fuerzas policiales; ni siquiera han acudido a la maniquea equidistancia periodística de las fuentes tan en boga últimamente (La policía dice Vs Los acusados afirman). Si lo hubieran hecho tendrían que haber publicado que si por algo se conoce a los hermanos Mesa es por su gran corazón y enorme concepto del compromiso y solidaridad con todas las personas que sufren, empezando por su decidido apoyo a la lucha del pueblo saharaui contra la ocupación ilegal marroquí del Sahara Occidental, pasando por su apoyo a las personas que sufren el azote de los desahucios o los recortes en sanidad, organizándose para combatir las constantes agresiones al medio ambiente o apoyando la lucha de los pensionistas… Eso sí, sin ser unos timoratos frente a algunas actuaciones policiales ni ante las injustas decisiones judiciales que les han impuesto.
LA OPERACIÓN CARRETE. Unos veinte días después de los sucesos denunciados, la policía decide que ya es hora de actuar. Al alba ponen en marcha un enorme dispositivo para poner ante la justicia a estos “peligrosos delincuentes”: policías de paisano embozados en pasamontañas y con pistola al cinto interceptan el coche donde Roberto Mesa que acompañaba a su madre hasta su trabajo, cuatro policías se bajan apresuradamente de su coche camuflado y se lo llevan detenido; a su hermano César, sorprendido mientras dormía, por poco no le dejan ni asearse y a Jeffrey García le engañan avisándole de que le roban el coche para una vez en la calle detenerlo… Ayoze Marichal, Jeffrey García, Pedro Delgado, César Mesa y Roberto Mesa permanecieron hasta pasadas las 18,30 horas en dependencias policiales. Finalmente, no fueron interrogados ni, incomprensiblemente, llevados ante ningún Juez, quedando en libertad con cargos como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos, daños y coacciones. Pero ¿Por qué el juez no los citó sin más para tomarles declaración? ¿La policía actuó bajo el paraguas del juzgado o fue de por libre? ¿Era necesario tal despliegue de medios, tanto gasto de dinero público -más de una veintena de policías, coches patrullas y camuflados-? ¿Por qué infligir tanto sufrimiento a sus familiares y a ellos mismo? En definitiva ¿Era necesario desplegar esta tortura de baja intensidad?... A todas luces parece excesivo, sólo el constante intento de las fuerzas policiales de criminalizar a los movimientos sociales, de querer convertir a pacíficos activistas en mediáticos grupúsculos violentos justifican este tipo de actuaciones jurídico-policiales.
¿UN MARIDO CORAJE? NO, UN PERIODISTA DE PACOTILLA. Se puede entender la reacción del marido de la fotógrafa, la rabia que le ha movido y sus ansias, no de hacer justicia, pero sí de que los que considera culpables de una agresión a su esposa sean sancionados, lo que no se puede entender ni permitir es que colabore miserablemente a la criminalización de los movimientos sociales. Y esto es lo que ha estado haciendo el periodista M. Autero, esposo de la fotógrafa y autor del articulo Detenidos los cinco agresores de una fotorreportera a la que coaccionaron, aparecido en La Opinión el pasado 28 de junio: http://www.laopinion.es/sucesos/2014/06/28/detenidos-cinco-agresores-fotorreportera/550038.html?utm_source=rss
El artículo, que rezuma odio y venganza, es una recopilación atropellada, solo hay que ver los epítetos que utiliza y los conceptos que maneja, de lo que alegan las fuentes policiales sin contrastarlas siquiera ¿quizás piense que con ello favorece sus ansias de venganza? Es muy posible. Sin embargo, creo que va más allá y, desde su púlpito en Prensa Ibérica, colabora entusiásticamente en la campaña de desprestigio y criminalización de los colectivos más organizados que están dando la batalla a la crisis con la que victimizan a las clases populares y asalariadas que ha reimpulsado Jorge Díaz, el ultramontano Ministro del Interior español.
Es cierto que, desde el día siguiente de los hechos, personas cercanas a los detenidos intentaron que su esposa retirara la denuncia sin resultado positivo, usted ya sabía a que agarrarse, pero esas personas, lejos de ser “canales de apoyo de estos violentos” como los ha definido el autor del artículo, son ciudadanos y ciudadanas que desde la militancia pacífica luchan por una sociedad mejor. Otra cosa es que usted, su esposa y el periódico donde trabaja se hayan apuntado al carro de falsear la realidad y colaborar descaradamente en la construcción de un inexistente escenario de violencia que haga más fácil la acción represora que vienen sufriendo todos los colectivos y muy especialmente el CSO Taucho del que pende, como dice el artículo, una injusta orden de desahucio por orden de la Seguridad Social.
Seguiremos gritando “Si nos tocan a unx nos tocan a todxs” y seguiremos luchando contra las injusticias a pesar de conocer la existencia de personas que como los autores de este artículo y la empresa que les contrata no cejarán en su empeño de sembrar dudas, de falsear la realidad cuando no de construirla al dictado de los poderosos y no de los pueblos.
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