Catorce saharauis con penas de más de 20 años y dos aún por dictar
RABAT, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El tribunal militar de Rabat que tramita el caso de 24 saharauis implicados en los disturbios por el desalojo en 2010 del campamento de protesta de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, ha dictado cadena perpetua para nueve saharauis. Además, ha condenado a 30 años de prisión a cuatro personas, ocho procesados a 25 años de cárcel y a dos personas a 20 años.
La sentencia para dos de los acusados queda aún por definir en base a la duración de la detención preventiva, según ha informado la agencia de noticias marroquí, MAP.
A los condenados el tribunal militar de Rabat les imputa los delitos de "formación de banda criminal, violencia contra las fuerzas públicas con la muerte como resultado combatir y participar".
El tribunal militar de Rabat concluyó la fase de las comparecencias de testigos después de que el viernes se produjeran las últimas declaraciones de testigos.
La defensa en su alegato final del viernes pidió la absolución de todos ellos por considerar que no existen pruebas válidas en su contra, que no tenían intención criminal y que no hay hechos constitutivos de delito. En ese sentido, considera que las declaraciones verbales supuestamente obtenidas por la Policía Judicial en las que los acusados se autoinculpan son nulas y destaca que contienen contradicciones.
La sentencia para dos de los acusados queda aún por definir en base a la duración de la detención preventiva, según ha informado la agencia de noticias marroquí, MAP.
A los condenados el tribunal militar de Rabat les imputa los delitos de "formación de banda criminal, violencia contra las fuerzas públicas con la muerte como resultado combatir y participar".
El tribunal militar de Rabat concluyó la fase de las comparecencias de testigos después de que el viernes se produjeran las últimas declaraciones de testigos.
La defensa en su alegato final del viernes pidió la absolución de todos ellos por considerar que no existen pruebas válidas en su contra, que no tenían intención criminal y que no hay hechos constitutivos de delito. En ese sentido, considera que las declaraciones verbales supuestamente obtenidas por la Policía Judicial en las que los acusados se autoinculpan son nulas y destaca que contienen contradicciones.
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